Todo sistema económico-social se reproduce sobre la base de dos componentes: convencimiento y dominación. Ningún sistema, sea cual sea su naturaleza, puede sobrevivir únicamente mediante la represión de su población; necesita desde luego convencerla (o demostrarle) que con la continuidad del mismo y su colaboración, ella misma se ve beneficiada. Para ponerlo en términos gramscianos, el sistema necesita de hegemonía, forma de legitimidad que convierte el interés de una capa de la sociedad en bien común. Cuando esta hegemonía entra en crisis, la coacción estatal se convierte en un repertorio cada vez más recurrente para asegurar la persistencia de ese orden.

Lejos de concordar con los vaticinios de la inminente caída del modelo, los síntomas de la crisis de hegemonía del neoliberalismo chileno parecen evidentes. Lo que antes era visto como legítimo ahora se percibe como injusto y se le condena. En estos momentos están en tela de juicio varios de los pilares del modelo económico ideado por la dictadura y continuado por los gobiernos democráticos que le sucedieron: la Constitución de la república, el sistema educacional, el sistema tributario, el sistema de pensiones, el Código del Trabajo, etc.

Sin duda, el actor que más contribuyó a este quiebre del consenso neoliberal fue el movimiento estudiantil: al desvendar el carácter mercantil del Sistema Educacional y evidenciar su carácter reproductor de la desigualdad social, desnudó también la lógica desigual del modelo chileno. Aunque las cifras que convertían a Chile en uno de los países con peor distribución de renta del mundo eran de hace mucho conocidas, recién hoy parecen cobrar sentido en la población, que no solo ha apoyado los estudiantes en sus reivindicaciones, sino que además ha dado muestras de una desafección creciente con el sistema que ayer parecía avalar o, al menos, aceptar.

El modelo de (sub)desarrollo chileno, para usar una categoría de los teóricos de la dependencia, más que producir bienestar para el país, ha producido super-ricos que han concentrado y acumulado la mayor parte de la riqueza nacional. La llegada al poder de uno de esos super-ricos evidentemente ha contribuido a incrementar el malestar social frente a esta situación. Y es que más allá de los pintorescos desaciertos que cada cierto tiempo provienen de La Moneda, el actual gobierno se ha mostrado absolutamente incapaz de construir hegemonía, sobrestimando la inercia de la ya existente y desnudando la parcialidad que la animaba. En otras palabras, el interés de aquellos sectores que han sido los grandes beneficiarios del sistema ahora es percibido como tal y no como el interés común de la sociedad. No solo el conflicto de interés se ha banalizado en buena parte de los nombramientos de cuadros claves del actual gobierno (comenzando por el mismísimo Presidente de la República), sino que además muchos de sus funcionarios han actuado abiertamente en beneficio de sus ex patrones o sus antiguas empresas. Los casos más emblemáticos son el de las universidades privadas que han violado la ley al lucrar con la educación y la condonación de deudas millonarias a las empresas del retail por parte del director del Servicio de Impuestos Internos, Julio Pereira.

Por tales motivos, no debería sorprendernos la exacerbación de los trazos represivos del actual gobierno. Ante la incapacidad de convencer, la utilización de la violencia parece un paso natural. Y bien lo ha expresada la actual Ministra de Educación Carolina Schmidt: “No hay una medida que uno pudiera hacer más que reprimir este tipo de movilizaciones, que creemos que no se debe hacer”. Más elocuentes fueron las Fuerzas Especiales de Carabineros al violar la autonomía de la Universidad de Chile e ingresar sin autorización a su Casa Central como respuesta a una supuesta agresión por parte de un “encapuchado” que se habría encontrado en dicho establecimiento. Al justificar la acción de la policía, el Ministro del InteriorAndrés Chadwick declaró que: “ninguna persona está por encima de la ley, ningún lugar está por encima de ley (…) No es necesario pedirle permiso ni al dueño de casa, al rector de la Universidad o al párroco de la iglesia si hay un delito flagrante desde el interior de un inmueble”.

El monopolio estatal de la violencia, para ser legítimo, precisa del respeto de un marco de normas y procedimientos claramente definidos, de lo contrario nada la separa de otras formas de violencia. En ese sentido, resulta problemático que el Ministro del Interior no cuestione la desproporcionada violación del procedimiento en la Universidad de Chile. Las normas que el propio Estado de Chile se otorga para su funcionamiento deben ser respetadas por la policía y la autonomía universitaria es una de ellas. Por lo demás, el ingreso de Carabineros ni siquiera significó la identificación y detención del hipotético agresor: su modo de actuar pareció mostrar que el objetivo no era directamente el involucrado, sino los estudiantes que se encontraban en el recinto. Un agravante de la situación descrita es que esta invasión a la Universidad de Chile se dio en un marco de excesos generalizados por parte de Fuerzas Especiales en el empleo de la violencia durante la marcha estudiantil. Entre dichos episodios, la agresión sufrida porPedro Aguilera (16 años), Presidente del Centro de Alumnos de Liceo Barros Borgoño, fue una de las más impactantes: luego de ser detenido y reducido por un grupo de cinco o más efectivos, fue golpeado hasta quedar inconsciente. De no condenarse este tipo violación de los procedimientos policiales, las autoridades del Ejecutivo dan una fuerte señal de impunidad y de permisividad frente a las normas que deberían regir el comportamiento policial. Para defender la ley, la policía no puede estar por sobre ella y un delito no debe ser combatido con otro delito, más aún en un marco democrático.

Aunque la violencia estatal desmedida puede llegar a ser efectiva para combatir una demanda social en condiciones autoritarias, en contextos democráticos suele tener el efecto contrario. Si ello de por sí amplifica el descontento y comporta altos costos para un gobierno, el escenario se complejiza cuando la reivindicación social que motiva la protesta es percibida como justa por la mayor parte de la comunidad política. Considerando el año electoral en curso, es bastante probable que los estudiantes hayan sellado la suerte de la continuidad del actual gobierno. Por lo pronto, con la opción represiva, más que proteger al modelo, las autoridades gubernamentales parecen empecinadas en convertirse en los agoreros del fin de su hegemonía.

3 opiniones to » El fin del consenso neoliberal y la violencia «

1. Cristóbal dice:

   18/06/2013 a las 18:44

   Francisco,

   Una ley básica de la argumentación es que el argumento no se desacredita según las características de quién lo emite. Me parece que parte importante de tu crítica (comunista,autocomplacencia, sesentero, anti-independencia)se base, precisamente en lo personal y desde ahí no tiene sentido mayor rebate.

   Lo que si parece discutible es la opinión tuya, del autor (y de Mayol) respecto del nivel de violencia y lo que implica. Me parece que bajo la idea de que la violencia se mantiene, de baja intensidad y más sutil, es reducir el argumento a la perspectiva postmoderna, desde cual, casi todo (desde la forma de vestirse o comer) es un signo contrasocial y revolucionario.

   Como plantea según mi punto de vista, acertadamente el texto, el aumento de la violencia es una respuesta lógica ante la pérdida de hegemonía cultural, pues las clases dominantes buscan mántener, con combinaciones, niveles de violencia simbólica y real para, precisamente, dominar. Es claro que el cambio en la superestrcutura social ha provocado esto, lo que es bien distinto al derrumbe del modelo del Mayol (unicausal, unidireccional y sobretodo voluntarista) y de Salazar, al cual tu también adhieres al parecer.

    
2. francisco dice:

   17/06/2013 a las 20:06

   Nada nuevo en esta suerte de reproduçcion de la tesis de Mayol -1 punto”: diferenciar inminente con el espacio de impunidad que el gobierno propone con la represion del mov estudiantil y leída por Mr Cortes como un grado más dentro de etapas sucesivas. Muy comunista. Pero para Mayol la inminencia no es literal, no es de corto plazo.
   Me parece que debió hacerse hincapié en la narrativa que el gobierno propone de “legalizar” la acción represiva jugando al límite, en la frontera y reeditando una praxis política civico-autoritaria ochentera, ahora en democracia y de menor intensidad.
   Se puede suponer complejidad, y no sólo nombrarla, de las relaciones con los medios, pero con la misma version de manipulacion, ahora más sutil, también de baja intensidad, sobre su función como caja de resonancia del gobierno.
   Todo esto no tiene mucho de gramsciano y la autocomplacencia en el análisis, con un esquema conceptual sacado de los 60s, junto con la tibia evaluación de las decisiones del pc en columnas anteriores, dejan ver las complejidades en la independencia, que giran alrededor del pc y sus jovenes miembros

    
3. Alfredo Armando Repetto Saieg dice:

   17/06/2013 a las 18:11

   Sin ánimo de ofensa creo que las ideas políticas de la derecha arraigan en la ignorancia, en la banalidad, en la estupidez y en la estrechez mental de parte de nuestra población, de los trabajadores inclusive, porque esas ideas, muy irracionales, solo pueden sostenerse en los espíritus que desechando de una buena vez y por siempre el análisis y la crítica de su realidad caen en una aptitud fanática y fundamentalista que impide el aprendizaje, impide la calma y el análisis. Por ello son en general los sectores dominantes, de la derecha, los que deben recurrir con más ahínco a la violencia como forma de dominación y de hegemonía: es que sus dogmas, tesis y teorías no resisten la mínima confrontación lógica, racional y democrática respecto de las ideas que giran alrededor del bienestar común, de la libertad, del crecimiento y del desarrollo.
   Entonces, me parece que a mayor embrutecimiento cultural y político por el que militan los factores de poder, más arraigada encontramos en nuestros pueblos esa derecha que habita con mayor o menor exposición las calles de nuestras ciudades y las zonas perversas “liberadas” por los dueños de Chile. Esa derecha además se ve reflejada en la propiedad de nuestros recursos naturales, en las instituciones de la República, una República hoy fuertemente deslegitimada por los abusos del poder, la violencia, la represión y otros tantos factores; se ve reflejada además en el hecho que son los dueños de nuestras vidas, de Chile, de nuestro trabajo, esfuerzo y de los medios de comunicación masivos que a estas alturas son solo medios masivos de desinformación.
   No es exagerado decir que los medios de comunicación, propiedad de unas cuantas familias, hoy nos desinforman porque a través de un periodismo que hace mucho dejó de lado el análisis de la realidad, la crítica, los valores y una ética propositiva democrática, se desvirtúa para mostrarse como una actividad que no deja de ser cómplice de la élite, se muestra como una actividad que siempre les es funcional, tanto en épocas de las Dictaduras de Seguridad Nacional como de la democracia formal- abstracta típica del neoliberalismo e incluso en los tiempos democráticos y populares.
   Finalmente, el hecho de que los medios de comunicación y desinformación actúen de esa manera, en favor de las élites, no refleja otra cosa que las complejidades que giran alrededor del tema de la hegemonía y de la violencia.